La libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela
El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela presentó recientemente un informe ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas donde exhorta al Estado venezolano a respetar el derecho a la información, la libertad de prensa, la independencia de los medios de comunicación y cumplir con los parámetros internacionales en materia de libertad de expresión, aspectos que fueron discutidos durante el Examen del 4to Informe Periódico del Estado venezolano para el Período de Sesión 114° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
A continuación el resumen ejecutivo expuesto por la ONG:
1. El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela(IPYS Venezuela) recomienda al Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas exhortar al Estado venezolano a: 1) eliminar las normativas que avalan los delitos penales por difamación o injuria; 2) respetar la independencia, la pluralidad y la diversidad de los medios de comunicación, estatales, comunitarios y privados, como un componente fundamental para la deliberación democrática; 3) asegurar que los periodistas puedan desempeñar sus funciones sin procesos judiciales injustificados, y sin ningún tipo de riesgos, amenazas ni presiones; 4) garantizar el acceso oportuno y efectivo a la información pública; y 5) cumplir las obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión y el derecho a la información.
2. Estos llamados se hacen urgentes ante el panorama adverso que se presenta en Venezuela para el ejercicio de las libertades informativas y de expresión. En los últimos 10 años las instituciones gubernamentales, legislativas y judiciales de Venezuela han diseñado y ejecutado -de manera discrecional- una serie de leyes y decretos que restringen estas garantías fundamentales, principalmente, el derecho al acceso a la información pública.
3. Entre 2005 y 2014 el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela registró 42 procedimientos y decisiones judiciales que se han derivaron a partir de informaciones u opiniones que buscaron, recibieron o difundieron periodistas, medios de comunicación, activistas de DDHH y ciudadanos. Estas demandas e imputaciones penales se intensificaron, justamente, cuando asumió la Presidencia de la República Nicolás Maduro. Al menos 20 de estos procedimientos judiciales, (48% del total de casos) ocurrieron en entre 2013 y 2014, los dos primeros años de su gestión presidencial. Varios de estas acciones legales fueron acompañadas por órdenes de censura, que implicaron la prohibición de coberturas informativas sobre criminalidad, violencia y de corrupción.
4. En Venezuela se han intensificado las órdenes y presiones directas e indirectas se han hecho cada vez más frecuentes al punto de que se está afectando la independencia, la pluralidad, la calidad informativa y el derecho de los ciudadanos a saber. Otra de las formas sutiles en las que se ha impuesto la censura y la autocensura en Venezuela es a través del cambio de propiedad de al menos 25 medios de comunicación -en 9 estados del país- y el giro en sus líneas editoriales, situación en la que además han comprometido su autonomía para favorecer los intereses gubernamentales. Así se empieza a gestar una posición dominante del Estado y las fuerzas cercanas al poder gubernamental, en torno a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, lo que representa una amenaza para la libertad de expresión, de acuerdo a los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión.
5. Entre 2005 y 2014, IPYS Venezuela registró presiones excesivas que restringieron la libertad de los medios televisivos y radiofónicos. Hubo 52 procedimientos administrativos, es decir investigaciones por supuestos delitos técnicos y de contenido, que aplicó el órgano de regulación de telecomunicaciones en contra medios radioeléctricos privados, comunitarios, portales web y proveedores de Internet y TV por suscripción. 6. Mientras tanto, voceros del gobierno nacional insisten en acusar a los medios nacionales e internacionales de promover una supuesta “una guerra” “mediática” y “psicológica” en el país. Son constantes las declaraciones agraviantes y las campañas de criminalización de autoridades gubernamentales, difundidas en medios afines al gobierno nacional, para desprestigiar y amenazar a periodistas y directivos de medios nacionales e internacionales.
7. Las investigaciones que ha realizado el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) demuestran que la desinformación, el abuso del poder estatal en comunicaciones y la opacidad han restringido el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela en los últimos 5 años. Entre 2010 y 2015 han predominado prácticas coercitivas -de parte de actores estatales y no estatales que hacen de Venezuela un país en el que se han comprometido la autonomía e independencia de sus instituciones, incluso aquellas que escrutan el poder.
8. El escenario venezolano está marcado por una alta conflictividad y polarización sociopolítica, que se ha derivado de la ausencia de independencia de los poderes públicos, la astenia de la institucionalidad, la falta de respuestas pertinentes y oportunas a las exigencias sociales y políticas de los ciudadanos, así como el debilitamiento de los mecanismos de justicia oportunos que fomentan la impunidad.
9. Han sido recurrentes las situaciones de violencia, las restricciones gubernamentales contra la libertad de expresión y las medidas de censura. Esta situación ha derivado en el aumento de los riesgos para el ejercicio de la labor informativa de los periodistas, medios privados e independientes, así como para los activistas de DDHH y ciudadanos en general.
10. Estas actuaciones se consideran arbitrarias debido a que vulneran las garantías de libertad de expresión e información establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Ante esta situación, el informe presentado por el IPYS recomienda lo siguiente:
1. Modificar la legislación actual respecto a los medios de comunicación para eliminar la criminalización por desacato, difamación o calumnia en la línea de los estándares de los derechos humanos.
2. Proporcionar pluralidad y diversidad de los medios de comunicación como un componente fundamental del derecho a la información y asegurar que los periodistas puedan desempeñar sus funciones sin procesos injustificados.
3. Renovar el compromiso con la libertad de expresión y de opinión plural, garantizando la libertad de acceso a la información y medidas para combatir amenazas y ataques contra periodistas.
4. Garantizar acceso oportuno y efectivo al acceso a la información pública.
5. Intensificar sus esfuerzos por garantizar la libertad de expresión así como la seguridad de los periodistas en el país.
6. Actuar para que el derecho a la vida y la integridad física sea efectivamente garantizada y todas las instancias del Estado respeten y protejan el derecho de toda persona a la libertad de expresión.
7. Cumplir las obligaciones internacionales en justicia y libertad de expresión, e implementar las recomendaciones, resoluciones y decisiones del sistema regional e internacional de protección de derechos humanos.
8. Armonizar el marco jurídico respecto a libertad de expresión con las obligaciones internacionales de los estados.
Lea el informe completo aquí: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/VEN/INT_CCPR_CSS_VEN_20714_S.pdf
Categorías:Documentos
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