Comunicado: Gobierno prosigue en su estrategia para excluir adversarios políticos en el parlamento
Publicado el 27/02/15
Ante el anuncio de un inminente allanamiento de la inmunidad parlamentaria al diputado Julio Borges por parte de la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, las organizaciones que integran Monitor Legislativo rechazan y alertan sobre el uso de la figura del allanamiento de la inmunidad con el fin de destituir a diputados de oposición sin juicio justo para excluirlos de la Parlamento Nacional, que en la práctica se traduce en la exclusión de adversarios políticos en el parlamento.
Monitor Legislativo advierte sobre las consecuencias que ello tendrá para la Asamblea Nacional, pues la experiencia en nuestro país y en otros indica que tal situación propicia un aumento de la violencia política, la autocensura de diputados para ejercer sus funciones atendiendo a los intereses del electorado, la pérdida de importancia del Poder Legislativo y la falta de interés en participar en las elecciones parlamentarias.
Desde Monitor Legislativo alertamos a la ciudadanía sobre la razón de ser de esta protección especial (la inmunidad parlamentaria) de la que gozan todos los parlamentarios del mundo entero en el ejercicio de sus funciones, sobre los pasos legales que deben seguirse para la suspensión del cargo e inhabilitación política de un diputado, a pesar de haber sido electo mediante el sufragio directo, universal y secreto.
El artículo 200 de la Constitución vigente establece que: “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato…”. Inmunidad implica aquí prohibición de ser sometido a una investigación judicial por la presunta comisión de delitos, hasta que la mayoría calificada de la Plenaria de la Asamblea Nacional acuerde suspender esa prohibición, previa decisión favorable de la Sala Plena del TSJ con garantía del derecho a la defensa del interesado, en la que se haya indicado que existen méritos suficientes para iniciar una investigación judicial contra del respectivo diputado.
La razón de esta protección especial no es otra que impedir que sectores poderosos, como integrantes de Gobiernos, de Poderes Públicos o de la ciudadanía puedan amenazar, chantajear o presionar judicialmente a los diputados, cuando éstos en ejercicio de sus funciones, formulan denuncias, inician investigaciones o informan a la opinión pública sobre situaciones irregulares que afectan la vida nacional. Por tanto, sólo el TSJ y la Asamblea Nacional son las instancias que pueden autorizar, previo allanamiento de la inmunidad parlamentaria, que se inicie esa investigación judicial en contra del respectivo diputado.
El allanamiento de la inmunidad sólo significa autorizar el que se inicie una investigación judicial formal en contra de un diputado, tal medida no puede implicar en forma automática el suspender de sus funciones al diputado, ni mucho menos la pérdida de su investidura por inhabilitación política o destitución, para lo cual es absolutamente necesario que se tramite todo el juicio respectivo, y se dicte una sentencia definitivamente firme (es decir, una sentencia no sujeta a apelación).
La alianza de organizaciones integrantes de Monitor Legislativo observa con suma preocupación el que se allane la inmunidad parlamentaria del diputado Julio Borges, y se le suspenda de su cargo e inhabilite políticamente, sin cumplir con la mayoría calificada, y sin respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y la soberanía popular (el derecho a ser representados de los electores que votaron por este diputado), y que se repita lo acontecido con el diputado Richard Mardo en el año 2013, cuando no sólo le fue allanada su inmunidad parlamentaria para ser investigado, sino que fue suspendido de su cargo por una mayoría simple, e inhabilitado políticamente, en contra de lo previsto en el artículo 187, numeral 20, de la Constitución, que señala: “…la separación temporal de un diputado o diputada sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados y las diputadas presentes”, así como del derecho a la defensa y al debido proceso judicial.
La separación del cargo, así como la pérdida de la envestidura parlamentaria o la inhabilitación política no pueden producirse sin que antes se haya sustanciado un juicio justo y dictado sentencia firme condenatoria un tribunal imparcial como resultado de ese juicio. Actuar en el caso del diputado Borges como en los casos de los diputados Richard Mardo, María Mercedes Aranguren, Juan Carlos Caldera y Maria Corina Machado, a quienes junto con el allanamiento de su inmunidad se les suspendió de sus cargos y se les inhabilitó políticamente, aunque por razones distintas, mediante acuerdos parlamentarios aprobados por la mayoría simple oficialista, es violatorio del artículo 49 de la Constitución, así como de principios y derechos como la representatividad, el pluralismo político y el sufragio.
Ciertamente, el vigente Código Orgánico Procesal Penal, reformado por decreto presidencial N° 9.042 del año 2012, permite en directa violación de la Constitución, en su artículo 380, que con el allanamiento de la inmunidad en forma automática opere la “suspensión” del diputado de su cargo, así como su “inhabilitación para ejercer cualquier cargo público”, mientras dure el juicio en su contra, lo que es tanto como separarlo definitivamente del cargo de diputado, e impedirle ejercer cualquier otro cargo, si el juicio en su contra permanece abierto, sin conclusión alguna, de forma indefinida en el tiempo.
Descargue el documento aquí: Comunicado Monitor AN sobre Julio Borges
Monitor Legislativo
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